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La última sentencia sobre la plaza de toros abre un proceso que pudiera conllevar responsabilidades

La portavoz socialista, Mar Alcalde, asegura que si fuera la regidora o alguno de los concejales que avalaron esas decisiones estaría preocupada

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Aranda considera que la última sentencia dictada en relación con la plaza de toros, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirma la nulidad de la licencia de obras concedida en agosto de 2011 a Toros Ricor para llevar a cabo trabajos de adecuación en este inmueble, marca el inicio de un proceso que pudiera conllevar responsabilidades para los ediles del Partido Popular que en su día avalaron la decisión ahora anulada, cuatro de los cuales siguen manteniendo su acta de concejal en la actual Corporación de la capital ribereña.

La portavoz del PSOE, Mar Alcalde, entre los concejales socialistas Leonisa Ull y Julián Rasero.
La portavoz del PSOE, Mar Alcalde, entre los concejales socialistas Leonisa Ull y Julián Rasero.

La portavoz de la formación socialista, Mar Alcalde, recuerda que la decisión de autorizar los trabajos de adecuación del coso adoptada en 2011 fue especialmente seria ya que “se saltaron a la torera” la presión conseguida en las Fiestas de 2010, cuando Ayuntamiento, Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros y ciudadanía fueron de la mano impidiendo que el empresario emplease el coso cubierto y obligándole a poner uno portátil para una feria a la que apenas acudieron dos centenares de personas. “Se les puso contra las cuerdas y llega el Partido Popular (…) y le dan un balón de oxígeno”, señala Alcalde.
Para el PSOE, la alcaldesa, Raquel González, tiene una doble cuota de responsabilidad ya que en agosto de 2011, además de portar el bastón de mando de la Corporación, era titular del área de Urbanismo. Por ello, asegura “si fuera la alcaldesa o alguno de los concejales o concejalas que tomaron parte en este despropósito estaría preocupada porque esto es muy serio y muy grave”.
Ahora, consideran los socialistas, ha quedado en evidencia que aquella decisión fue errónea. De hecho, apuntan, el fallo del TSJCyL deja la puerta abierta a que haya otro tipo de responsabilidades. Por ello, anuncian que permanecerán vigilantes a los procesos que quedan pendientes de resolución, “sobre todo con la concesión de la licencia definitiva de 2014, que a nuestro juicio sí era un claro ejemplo de prevaricación” -de hecho, el PSOE interpuso una querella criminal que no se tuvo en cuenta- ya que a su juicio la seriedad del asunto puede ir a más.