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Toda nuestra solidaridad con el sector hostelero. Lo que ha hecho la Junta es un disparate

Desde PSOE Aranda de Duero queremos transmitir toda nuestra solidaridad y apoyo incondicional al sector de la hostelería, incluídos sus proveedores y empresas auxiliares, ante el nuevo cierre de interiores decretado por la Junta de Castilla y León por el incremento de la incidencia acumulada de casos de coronavirus a consecuencia del brote detectado en el monasterio de La Aguilera.

Desde la formación socialista arandina consideramos que la decisión adoptada por la Administración regional es un «auténtico disparate», como lo ha calificado nuestro procurador, Luis Briones.

La Junta no ha tenido en cuenta la excepcionalidad de este brote, registrado en una comunidad religiosa cerrada, en un municipio situado a 10 kilómetros del casco urbano arandino. Ha atendido solo a las cifras sin atender las especiales circunstancias que le rodean.

Una vez más, desde Valladolid se hace un corta y pega, como ya ocurrió con el cierre perimetral que se impuso a Aranda en agosto, tomando una decisión arbitraria en perjuicio de un sector fundamental en la capital ribereña.

Desde PSOE de Aranda creemos que las cosas deberían haberse hecho de forma diferente. No solo por parte de la Junta, también de la alcaldesa de Aranda, Raquel González.

La regidora arandina tenía que haberse reunido con los mandatarios de la Junta, que son de los mismos partidos que gobiernan en Aranda de Duero, y haber evitado que se tomara esta decisión.

Como ha explicado nuestro portavoz en el Ayuntamiento, Ildefonso Sanz, aún está a tiempo de reunirse y conseguir que cambien su posicionamiento. «Podían tomar la decisión de revertir el acuerdo que tanto perjudica a Aranda de Duero».

No nos parece mal que se recurra a la Justicia. Creemos que los jueces nos pueden dar la razón si está bien planteado. Pero el respaldo de los tribunales llegará tarde, puesto que ya se habrá hecho un daño irreparable a un sector que empezaba a revivir y que se ha visto obligado a suspender contrataciones y a volver a recurrir a ERTEs para su personal.

En ningún caso creemos que se debe criminalizar a la comunidad religiosa de La Aguilera por esta situación. El virus está por todas partes y no se sabe a quién va a atacar. La única responsable es la Junta de Castilla y León por adoptar decisiones sin estudiar antes las circunstancias.

Por últimos, creemos que podría ser el momento para plantear la disgregación de La Aguilera de Aranda de Duero. Es una localidad con entidad suficiente para no tener que ser pedanía de Aranda y, en solitario, podrá optar a ayudas y subvenciones a las que ahora no puede recurrir por depender de Aranda de Duero.