Desde PSOE de Aranda vemos con preocupación la situación de precariedad en la que se encuentra en la actualidad la residencia de mayores de la capital ribereña, de la que es titular la Junta de Castilla y León.
Por ello, presentamos para su aprobación en el pleno ordinario de marzo, que se celebrará el martes día 30, una moción para que se inste a la Administración regional a que vele por el buen desarrollo de actividad, calidad y servicios en el centro ‘Virgen de las Viñas’ de Aranda de Duero.
Pero nuestra preocupación supera los límites de la residencia de la capital ribereña. No en vano, más de la cuarta parte de la población de Castilla y León es mayor de 65 años (seis puntos más de la media de la población española) y de ellos 130.000 personas, casi el 6% es mayor de 85 años.
El índice de envejecimiento que pone en relación la población mayor con la población joven, es en Castilla y León de 201.03%, el tercero más elevado de España después de Asturias y Galicia. La tendencia que marcan las proyecciones es el incremento del envejecimiento consecuencia de la mayor longevidad –que probablemente se verá truncada por los efectos del Covid-19, pero sobre todo de la emigración de la gente joven, que merma a su vez la natalidad e Castilla y León.
Tenemos una población en Aranda y su Comarca profundamente envejecida y la administración autonómica tiene la obligación de mantener una apuesta firme y decidida para la creación y mantenimiento de servicios para las personas mayores.
Es obligación de la Junta de Castilla y León garantizar a todas las personas que lo necesiten y lo deseen la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a una plaza en un centro de carácter social público. Así como también es de obligación de la Junta de Castilla y León y de este Ayuntamiento que las personas mayores que quieren mantenerse en sus domicilios puedan hacerlo, con los apoyos y servicios que lo permitan en condiciones de una vida autónoma y plena.
Estas afirmaciones gozan de un diverso sustento jurídico y normativo. Así, la
ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, con el objeto de promover la calidad de vida y la protección de las mujeres y hombres mayores castellanos y leoneses, establece el marco jurídico y normativo de actuación de los Poderes Públicos de Castilla y León, para , a través de toda una serie de prerrogativas y deberes atribuidos a los mismos, fomentar la participación de las personas mayores, su colaboración activa y la representación en los ámbitos que la afecten, por un lado y potenciar la integración social de las personas mayores, facilitando la permanencia en su entorno familiar y social, impulsando las relaciones intergeneracionales y sensibilizando a la sociedad ante sus necesidades, por otro.
En el año 2017 se pone en marcha el ‘Plan estratégico de envejecimiento Activo’ del que no hay conocimiento de lo desarrollado hasta este momento. Dicho plan finaliza en junio de este año.
La escasez de las plazas públicas socio-sanitarias existentes en nuestra comunidad y más agudizado en nuestra población y comarca, origina que las personas mayores que ha sufrido una enfermedad grave/accidente y que reciben el alta hospitalaria, se encuentran desprotegidas al no poder recuperar su autonomía funcional mediante el disfrute de estas plazas socio-sanitarias antes de retornar a sus domicilios.
Por todo ello, además de solucionar la situación del centro residencial Virgen de las Viñas también pedimos al pleno que se inste a la Junta a:
.- Elaborar, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, en un periodo máximo de dos meses, un informe del nivel de desarrollo, consecución de objetivos, evaluación y posibles efectos no deseados del Plan Estratégico de envejecimiento Activo 2016/2021.
.- Incrementar el número de plazas de atención sociosanitaria, que siguen siendo escasas por el incumplimiento del acuerdo firmado entre la Consejería de Familia y los agentes económicos y sociales, así como con la Federación Regional de Municipios y
Provincias en el año 2018.
.- Modificar la Orden FAM/6/2018,de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla y León, para incrementar la intensidad de horas de Ayuda a Domicilio, estableciendo que el mínimo en la atención de las personas en situación de Dependencia con grado III se fije entre 70 y 90 horas, con Grado II entre 0 y 55 horas y con Grado I entre 20 y 30 horas mensuales, así como que aquellas personas usuarias del servicio sin dependencia reconocida, se fije alrededor de 20 horas, cantidades existentes antes de la aplicación del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
.- Que inicie la redacción de una nueva Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León, dotado de presupuesto y adecuado a las necesidades reales de los mayores, ya que el actual finaliza en junio de 2021.
.- Que incremente el número de centros Multiservicios, cubriendo radios poblacionales no superiores a 15 Km. Que deberán estar integrados por educadores sociales, profesionales de actividades ocupacionales, fisioterapeutas, podología, dietética, profesionales de la sanidad, peluquería, etc. Y constar con servicio de comida y lavandería. Todo ello servicios necesarios para el bienestar de los mayores, tanto si viven en su domicilio como si lo hacen en un centro residencial y ayudar a la creación de empleo para luchar contra la despoblación.
