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Exigimos a la Junta que asuma los gastos extraordinarios derivados de las medidas anticovid en los colegios públicos

El PSOE de Aranda de Duero creemos que la Junta de Castilla y León debe asumir sus responsabilidades y financiar íntegramente a los ayuntamientos los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia sanitaria derivados de las obligaciones impuestas respecto de las tareas de limpieza, desinfección y ventilación en los centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria.

Por ello, presentaremos al próximo pleno ordinario, que se celebrará el martes 30 a las 20:30 horas, una moción para que la Corporación arandina inste a la Administración regional a hacerse cargo del coste íntegro de estos trabajos en los centros educativos mediante la puesta a disposición de los fondos necesarios para que los ayuntamientos puedan destinarlos a este fin mientras dure la situación de excepción sanitaria.

De la misma manera, creemos que se debe urgir a la Junta de Castilla y León a crear y habilitar ayudas económicas extraordinarias destinadas a la financiación de desembolsos excepcionales de los ayuntamientos en la lucha contra la propagación de la COVID-19 entre los que se incluyan los gastos de personal derivados en la contratación destinada a la limpieza extraordinaria de los centros de Educación Infantil y Primaria, la adquisición de medios de prevención (EPIs), suministros de calefacción…

La verdad es que los ayuntamientos castellanos y leoneses nos hemos visto obligados a reforzar los protocolos de desinfección y limpieza de los centros educativos para hacer frente a la pandemia sanitaria, buscando la seguridad y protección de los escolares y siguiendo las pautas marcadas por la Administración pública.

Un compromiso que nos ha llevado a tener que asumir el sobrecoste adicional de personal y sus equipos de protección, los famosos EPIs.

En el caso concreto de Aranda de Duero, se ha realizado con carácter extraordinario un refuerzo de personal de limpieza y un gasto para material de limpieza para los colegios públicos ante una pandemia que obliga a acometer nuevas medidas de prevención.

Estos trabajos extraordinarios conllevan un esfuerzo importante a las arcas municipales de los ayuntamientos, todo asumido por los municipios sin el refuerzo y apoyo necesario del resto de administraciones públicas con competencias directas, como es el caso de la Junta de Castilla y León.

Aunque la ley contempla que la competencia de limpieza de los centros educativos de infantil y primaria es de los ayuntamientos, no parece que deban incluirse las reparaciones generales y extraordinarias ni las de renovación, ampliación o mejora.

En las últimas semanas, están surgiendo informes jurídicos desde ayuntamientos de toda España que dejan claro que las labores extraordinarias de limpieza no pueden ser consideradas competencia municipal sino autonómica ya que son labores excepcionales que trascienden al ámbito sanitario.

Entre otros argumentos, se incide en que la pretensión de la comunidad autónoma de que se utilicen los recursos de los ayuntamientos para sufragar competencias impropias vulnera principios y derechos recogidos en la Constitución Española.

Asimismo, se originan cargas financieras asociadas al cumplimiento de las obligaciones sanitarias impuestas por la Junta de Castilla y León en los centros escolares, como por ejemplo el aumento de los gastos de calefacción.

En definitiva, los gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia asumidos y previstos por el Ayuntamiento de Aranda  son los siguientes

-> costes de personal. nóminas, EPIs, material de limpieza, desinfección e higienización

-> costes de calefacción. luz, gas natural, gasoil, suministro de agua. Se calcula un incremento de al menos un 25%

Por ello, se hace necesario y urgente reivindicar ante la Junta, que es la administración competente, mayores esfuerzos económicos que financien estos gastos extraordinarios.

La partida de 680.000 euros aprobada por la Consejería para todo el territorio de la comunidad, distribuida entre 711 consistorios titulares de colegios de Educación Infantil y Primaria resulta a todas luces insuficiente, no llegando ni siquiera a cubrir el 15% de los gastos de limpieza.

Recordemos, además, que el Gobierno de España transfirió a la Junta de Castilla y León, para gastos de educación del fondo COVID, la cantidad de 84 millones de euros.

Por ello, consideramos imprescindible que con carácter de urgencia la Junta asuma sus competencias y apruebe una partida para hacer frente a los gastos provocados por la COVID19.

Briones acusa a PP y Ciudadanos de condenar al aislamiento y a la desaparición a Brazacorta

Han votado en contra de que la Junta financie el arreglo del camino que une esta localidad con Coruña del Conde

El procurador socialista por Burgos Luis Briones ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de condenar al aislamiento y a la desaparición a Brazacorta, localidad de 60 habitantes, al rechazar destinar una partida económica en los presupuestos de la Junta para el arreglo y asfaltado del camino de concentración de 6 kilómetros de longitud que la conecta con Coruña del Conde.

Según ha expuesto, esta intervención ahorraría a sus habitantes el “rodeo” de 24 kilómetros que han de recorrer en la actualidad para salvar la distancia que les separan de Coruña del Conde por las carreteras autonómicas BU-934 y BU-925, para poder llegar hasta Huerta del Rey, a unos 32 kilómetros, en donde tienen centralizados buena parte de sus servicios esenciales.

PP y Cs han votado en la Comisión de Presidencia de las Cortes en contra de la Proposición no de Ley del PSOE, que recogía la demanda del Ayuntamiento de Brazacorta y de los vecinos de la zona a la Administración autonómica y a la Diputación desde hace más de una década. En este punto, la Administración provincial siempre se ha remitido a la autonómica, según ha explicado el socialista.

Con el argumento de que los vecinos tienen como alternativa “segura” carreteras de la red regional, los socios de Gobierno autonómico han tumbado la propuesta en un ejercicio de “absoluta negligencia”, según Briones, quien les ha reprochado el mal estado del firme de la BU-934 y que “están negando recursos a quienes más los necesitan”.

“Los vecinos de Brazacorta prefieren utilizar el camino de concentración, no solo por ahorrarse tiempo, sino también porque está en mejor estado que la carretera autonómica”, ha contestado a los representates del PP y de Cs y les ha reprochado su “desconocimiento” de la situación. En el mismo sentido, ha afeado la ausencia de los procuradores por Burgos de los partidos que han votado en contra de esta inicativa en la comisión y les acusa de “no haber querido dar la cara”.

En su defensa del rechazo a esta proposición, los representantes del Partido Popular y Ciudadanos han insistido en que el vial objeto de petición de mejora no cumple la funcionalidad de las carreteras de titularidad autonómica, porque sería de accesibilidad local. Argumento al que Briones ha contestado con la imposibilidad que ha encontrado para acceder a los expedientes de las labores de asfaltado que dice, se han producido “de un día para otro en caminos de acceso a fincas vitivinícolas porque venían representantes de la Unión Europea”.

Mejora de infraestructuras contra la despoblación

El procurador socialista ha lamentado el rechazo de esta PNL que, de aprobarse, beneficiaría también a los residentes en Arandilla. Si la petición se eleva a la Administración autonómica, es porque “hablamos de entidades de pequeño tamaño, que carecen de los recursos suficientes para asumir el coste de la intervención”.

“No basta con decir que los pueblos se mueren, hay que analizar las verdaderas causas, y ésta es una de ellas, junto a los servicios sanitarios, servicios sociales y el empleo, las infraestructuras y, en este caso, sus carreteras, que son factores determinantes para que muchas personas se queden o se vayan de los pequeños núcleos de población rural”, ha subrayado el procurador en su intervención.

Retiren el decreto sobre las prestaciones del personal de Sanidad

En el Grupo Municipal Socialista de Aranda de Duero consideramos que el Decreto 2/2020 del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León es el mayor abuso jamás cometido a los trabajadores de la salud.

Por eso, hemos presentado una moción al pleno del Ayuntamiento de la capital ribereña solicitando que se inste al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su retirada inmediata.

En su escrito, el PSOE de Aranda denuncia que los que ayer llamaban gigantes a los trabajadores de la sanidad, los que les aseguraron agradecimiento y reconocimiento eterno, hoy les someten a la indefensión, recortando derechos laborales a golpe de decreto.

Una medida, a su juicio, innecesaria dada la disponibilidad que los sanitarios han puesto a disposición de las gerencias durante toda la pandemia.

Asimismo, censura la farsa de negociación que la Consejería de Sanidad ha planteado a los trabajadores después de la publicación del decreto el 14 de noviembre. «Nos parece una falta de respeto y una tomadura de pelo», subraya.

Para el Grupo Municipal Socialista, no puede tolerarse esta pantomima de negociación, considerando que han despreciado e ignorado a los trabajadores de la Salud, que durante la pandemia y de manera voluntaria han renunciado, incluso posponiendo sus derechos laborales, a las demandas hechas desde las Gerencias.

Por todo ello, instan a la Junta a que retire el citado decreto 2/2020

 

Exigimos una línea de subvenciones directas para autónomos y empresas

Desde el Grupo Municipal Socialista en el  Ayuntamiento de Aranda de Duero hemos presentado para su debate y aprobación una moción al Pleno del Consistorio instando a la Junta de Castilla y León a la convocatoria inmediata de una línea de subvenciones directas para profesionales autónomos y empresas que presten actividades en el sector del comercio minorista, centro deportivo, restauración, hostelería y ocio nocturno que se hayan visto afectados por el cierre total o parcial de sus negocios desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020 y que mantengan el compromiso de mantenimiento del empleo.

La línea de ayudas permitirá financiar los gastos:

.- derivados de los suministros de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones

.- derivados de alquileres

.- mantenimiento de instalaciones y maquinaria

.- seguros

.- cuotas por pertenencia a alguna asociación sectorial

.- asesoría fiscal, contable o legal relacionados con la COVID-19

.- mantenimiento de los programas informáticos o innovación en los mismos

.- correspondientes a publicidad online

Se contemplará una cuantía máxima subvencionable de 10.000 euros y del 75% de los gastos ocasionados. Para hacer frente a las ayudas se preverá una consignación presupuestaria de al menos 40 millones de euros, ampliables en la cantidad necesaria hasta cubrir a la totalidad de beneficiarios que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria y cuyo procedimiento de adjudicación será inmediato tras la presentación de declaración responsable y la documentación elegida.

Instamos a la Administración regional también a que convoque de forma inmediata un Cheque Resistencia Castilla y León para microempresas de menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual no supere los dos millones de euros y que se hayan visto afectados por el cierre total desde el 13 de marzo al 31 de diciembre de 2020 y cuya cuantía dependerá del número de trabajadores. En cualquier caso, nunca serán inferiores a:

.- Autónomo sin empleados o microempresa con solo un trabajador; 150 euros semanales

.- Autónomo o microempresa con entre dos y cinco trabajadores; 225 euros semanales

.- Autónomo o microempresa con seis a nueve trabajadores;  300 euros semanales

Crear una línea de ayudas a las asociaciones profesionales que prestan servicios a los establecimientos y orientación en la situación actual por la labor de refuerzo del sector

Establecer un canal de comunicación directa con los representantes de los empresarios del sector para la elaboración de todas y cada una de las medidas tanto económicas como sanitarios.

También pedimos que se inste al Gobierno de España a que:

Agilice los trámites administrativos de los ERTE para que se paguen a la mayor brevedad posible

Estudie la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO para que los negocios que sean viables puedan mantener la actividad

Iniciar lo antes posible un plan para formar a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Convocar a la mayor brevedad posible una conferencia sectorial extraordinaria con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para impulsar un Plan de Apoyo a la Hostelería con medidas complementarias a las autonómicas y dotado presupuestariamente

Briones pide a PP y Ciudadanos que empiecen a buscar una solución para reubicar a los agentes medioambientales en Aranda

PP y Ciudadanos rechazan dotar de una nueva sede a los agentes medioambientales de la Junta en Aranda

El procurador socialista Luis Briones ha instado al PP y a Ciudadanos a “empezar a buscar ya una solución a medio plazo para reubicar a los agentes medioambientales en Aranda de Duero”, al considerar un “mero parche” la reciente reorganización de espacios que ha acometido la Junta en las “obsoletas” dependencias que ahora comparten con otros servicios. Añade el socialista que, pese a las “infructuosas” soluciones que buscó la Administración autonómica en el anterior mandato, “tiene muchos solares en la capital ribereña” que podrían acoger el servicio.

Imagen del acceso del Punto de Atención Ciudadana de la Junta en Aranda de Duero (Burgos)

El Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la proposición no de Ley del Grupo Socialista para dotar a estos trabajadores de la Junta en Aranda de una nueva sede administrativa, aduciendo motivos económicos.

La comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha tratado hoy esta propuesta que registró el PSOE hace un año, en la que pedía instar a la Junta a realizar cuantas gestiones sean necesarias para, de modo urgente, buscar nuevas dependencias para estos trabajadores.

Briones ha recordado que las citadas dependencias acogen el punto de información y atención al ciudadano, la Sección Agraria Comarcal con las unidades de ganadería, veterinarios, farmacéuticos oficiales y los agentes medioambientales. En total son 33 los funcionarios que comparten estas instalaciones de 600 metros cuadrados que, según Briones, se han quedado obsoletas en apenas trece años desde su inauguración en 2006, con el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El procurador ribereño sostiene que algunos servicios como el que prestan los agentes medioambientales “deberían salir de estas dependencias”, sitas en los bajos de la plaza de la Resinera número 3, en la capital arandina, dadas las “peculiaridades de su servicio”. Asegura que la ubicación de estos trabajadores resta operatividad a su trabajo, lo que ha motivado “numerosas quejas de los empleados públicos ante la Junta de Personal de Burgos”.

“Las funciones diarias de los agentes medioambientales conllevan el manejo de fauna y otra serie de operaciones con material sensible que han de custodiar en las mismas dependencias oficiales en las que se presta atención al ciudadano”, ha subrayado. Sin embargo, ni al PP ni a Ciudadanos le han convencido sus argumentos y han rechazado la proposición socialista.