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El PSOE de Aranda exige de nuevo soluciones que garanticen el futuro de la Piscina Cubierta

Hace dos meses el Grupo Municipal Socialista planteó al Ayuntamiento de Aranda la necesidad de actuaciones urgentes ante el anuncio por parte de la empresa adjudicataria de la piscina cubierta de que renunciaba a prorrogar el contrato de gestión de la misma, que termina este mes de junio.

Nos preocupa enormemente la inacción y desidia del ayuntamiento, que sigue guardando silencio a pesar de la alarma existente entre la población. Esto, unido a la opacidad del concejal de Deportes, nos hace temer lo peor para el futuro de la piscina cubierta.  Por ello  exigimos al equipo de gobierno que muestre su compromiso con la continuidad del servicio.
Queremos que el ayuntamiento saque a licitación de manera urgente un nuevo pliego que contemple tanto la explotación de las instalaciones, como la ejecución de las mejoras y reformas que son necesarias.
Las obras se tienen que realizar durante el cierre estival de las instalaciones (en fases si es necesario), para no perjudicar el normal funcionamiento y disfrute por parte de los usuarios habituales.
En tanto no se resuelva la licitación, el ayuntamiento debe hacer valer el derecho que le otorga el contrato vigente para exigir a la actual adjudicataria que continúe prestando el servicio.
De ningún modo debemos permitir que las instalaciones se cierren para acometer unas supuestas mejoras para las que no existe proyecto, ni dotación presupuestaria, ni mucho menos licitación a la vista.
Por supuesto estamos abiertos a colaborar con el equipo de gobierno para buscar lo mejor para el futuro de las instalaciones, y contarán con nuestro apoyo para asegurar la continuidad de este servicio tan necesario como demandado.
No podemos permitirnos esperar sin más el cierre de las instalaciones y debemos apostar por su mantenimiento y mejora.

PSOE de Aranda exigimos a la Junta una solución a la precariedad que se vive en la residencia arandina

Desde PSOE de Aranda vemos con preocupación la situación de precariedad en la que se encuentra en la actualidad la residencia de mayores de la capital ribereña, de la que es titular la Junta de Castilla y León.

Por ello, presentamos para su aprobación en el pleno ordinario de marzo, que se celebrará el martes día 30, una moción para que se inste a la Administración regional a que vele por el buen desarrollo de actividad, calidad y servicios en el centro ‘Virgen de las Viñas’ de Aranda de Duero.

Pero nuestra preocupación supera los límites de la residencia de la capital ribereña. No en vano, más de la cuarta parte de la población de Castilla y León es mayor de 65 años (seis puntos más de la media de la población española) y de ellos 130.000 personas, casi el 6% es mayor de 85 años.

El índice de envejecimiento que pone en relación la población mayor con la población joven, es en Castilla y León de 201.03%, el tercero más elevado de España después de Asturias y Galicia. La tendencia que marcan las proyecciones es el incremento del envejecimiento consecuencia de la mayor longevidad –que probablemente se verá truncada por los efectos del Covid-19, pero sobre todo de la emigración de la gente joven, que merma a su vez la natalidad e Castilla y León.

Tenemos una población en Aranda y su Comarca profundamente envejecida y la administración autonómica tiene la obligación de mantener una apuesta firme y decidida para la creación y mantenimiento de servicios para las personas mayores.

Es obligación de la Junta de Castilla y León garantizar a todas las personas que lo necesiten y lo deseen la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a una plaza en un centro de carácter social público. Así como también es de obligación de la Junta de Castilla y León y de este Ayuntamiento que las personas mayores que quieren mantenerse en sus domicilios puedan hacerlo, con los apoyos y servicios que lo permitan en condiciones de una vida autónoma y plena.

Estas afirmaciones gozan de un diverso sustento jurídico y normativo. Así, la
ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, con el objeto de promover la calidad de vida y la protección de las mujeres y hombres mayores castellanos y leoneses, establece el marco jurídico y normativo de actuación de los Poderes Públicos de Castilla y León, para , a través de toda una serie de prerrogativas y deberes atribuidos a los mismos, fomentar la participación de las personas mayores, su colaboración activa y la representación en los ámbitos que la afecten, por un lado y potenciar la integración social de las personas mayores, facilitando la permanencia en su entorno familiar y social, impulsando las relaciones intergeneracionales y sensibilizando a la sociedad ante sus necesidades, por otro.

En el año 2017 se pone en marcha el ‘Plan estratégico de envejecimiento Activo’ del que no hay conocimiento de lo desarrollado hasta este momento. Dicho plan finaliza en junio de este año.

La escasez de las plazas públicas socio-sanitarias existentes en nuestra comunidad y más agudizado en nuestra población y comarca, origina que las personas mayores que ha sufrido una enfermedad grave/accidente y que reciben el alta hospitalaria, se encuentran desprotegidas al no poder recuperar su autonomía funcional mediante el disfrute de estas plazas socio-sanitarias antes de retornar a sus domicilios.

Por todo ello, además de solucionar la situación del centro residencial Virgen de las Viñas también pedimos al pleno que se inste a la Junta a:

.- Elaborar, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, en un periodo máximo de dos meses, un informe del nivel de desarrollo, consecución de objetivos, evaluación y posibles efectos no deseados del Plan Estratégico de envejecimiento Activo 2016/2021.

.- Incrementar el número de plazas de atención sociosanitaria, que siguen siendo escasas por el incumplimiento del acuerdo firmado entre la Consejería de Familia y los agentes económicos y sociales, así como con la Federación Regional de Municipios y
Provincias en el año 2018.

.- Modificar la Orden FAM/6/2018,de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla y León, para incrementar la intensidad de horas de Ayuda a Domicilio, estableciendo que el mínimo en la atención de las personas en situación de Dependencia con grado III se fije entre 70 y 90 horas, con Grado II entre 0 y 55 horas y con Grado I entre 20 y 30 horas mensuales, así como que aquellas personas usuarias del servicio sin dependencia reconocida, se fije alrededor de 20 horas, cantidades existentes antes de la aplicación del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

.- Que inicie la redacción de una nueva Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León, dotado de presupuesto y adecuado a las necesidades reales de los mayores, ya que el actual finaliza en junio de 2021.

.- Que incremente el número de centros Multiservicios, cubriendo radios poblacionales no superiores a 15 Km. Que deberán estar integrados por educadores sociales, profesionales de actividades ocupacionales, fisioterapeutas, podología, dietética, profesionales de la sanidad, peluquería, etc. Y constar con servicio de comida y lavandería. Todo ello servicios necesarios para el bienestar de los mayores, tanto si viven en su domicilio como si lo hacen en un centro residencial y ayudar a la creación de empleo para luchar contra la despoblación.

Exigimos a la Junta que asuma los gastos extraordinarios derivados de las medidas anticovid en los colegios públicos

El PSOE de Aranda de Duero creemos que la Junta de Castilla y León debe asumir sus responsabilidades y financiar íntegramente a los ayuntamientos los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia sanitaria derivados de las obligaciones impuestas respecto de las tareas de limpieza, desinfección y ventilación en los centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria.

Por ello, presentaremos al próximo pleno ordinario, que se celebrará el martes 30 a las 20:30 horas, una moción para que la Corporación arandina inste a la Administración regional a hacerse cargo del coste íntegro de estos trabajos en los centros educativos mediante la puesta a disposición de los fondos necesarios para que los ayuntamientos puedan destinarlos a este fin mientras dure la situación de excepción sanitaria.

De la misma manera, creemos que se debe urgir a la Junta de Castilla y León a crear y habilitar ayudas económicas extraordinarias destinadas a la financiación de desembolsos excepcionales de los ayuntamientos en la lucha contra la propagación de la COVID-19 entre los que se incluyan los gastos de personal derivados en la contratación destinada a la limpieza extraordinaria de los centros de Educación Infantil y Primaria, la adquisición de medios de prevención (EPIs), suministros de calefacción…

La verdad es que los ayuntamientos castellanos y leoneses nos hemos visto obligados a reforzar los protocolos de desinfección y limpieza de los centros educativos para hacer frente a la pandemia sanitaria, buscando la seguridad y protección de los escolares y siguiendo las pautas marcadas por la Administración pública.

Un compromiso que nos ha llevado a tener que asumir el sobrecoste adicional de personal y sus equipos de protección, los famosos EPIs.

En el caso concreto de Aranda de Duero, se ha realizado con carácter extraordinario un refuerzo de personal de limpieza y un gasto para material de limpieza para los colegios públicos ante una pandemia que obliga a acometer nuevas medidas de prevención.

Estos trabajos extraordinarios conllevan un esfuerzo importante a las arcas municipales de los ayuntamientos, todo asumido por los municipios sin el refuerzo y apoyo necesario del resto de administraciones públicas con competencias directas, como es el caso de la Junta de Castilla y León.

Aunque la ley contempla que la competencia de limpieza de los centros educativos de infantil y primaria es de los ayuntamientos, no parece que deban incluirse las reparaciones generales y extraordinarias ni las de renovación, ampliación o mejora.

En las últimas semanas, están surgiendo informes jurídicos desde ayuntamientos de toda España que dejan claro que las labores extraordinarias de limpieza no pueden ser consideradas competencia municipal sino autonómica ya que son labores excepcionales que trascienden al ámbito sanitario.

Entre otros argumentos, se incide en que la pretensión de la comunidad autónoma de que se utilicen los recursos de los ayuntamientos para sufragar competencias impropias vulnera principios y derechos recogidos en la Constitución Española.

Asimismo, se originan cargas financieras asociadas al cumplimiento de las obligaciones sanitarias impuestas por la Junta de Castilla y León en los centros escolares, como por ejemplo el aumento de los gastos de calefacción.

En definitiva, los gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia asumidos y previstos por el Ayuntamiento de Aranda  son los siguientes

-> costes de personal. nóminas, EPIs, material de limpieza, desinfección e higienización

-> costes de calefacción. luz, gas natural, gasoil, suministro de agua. Se calcula un incremento de al menos un 25%

Por ello, se hace necesario y urgente reivindicar ante la Junta, que es la administración competente, mayores esfuerzos económicos que financien estos gastos extraordinarios.

La partida de 680.000 euros aprobada por la Consejería para todo el territorio de la comunidad, distribuida entre 711 consistorios titulares de colegios de Educación Infantil y Primaria resulta a todas luces insuficiente, no llegando ni siquiera a cubrir el 15% de los gastos de limpieza.

Recordemos, además, que el Gobierno de España transfirió a la Junta de Castilla y León, para gastos de educación del fondo COVID, la cantidad de 84 millones de euros.

Por ello, consideramos imprescindible que con carácter de urgencia la Junta asuma sus competencias y apruebe una partida para hacer frente a los gastos provocados por la COVID19.

Proponemos que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) el puente románico de San Juan

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Aranda de Duero presentará para su debate y aprobación en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el 25 de febrero, una moción para que se inicien los trámites legales y reglamentarios para declarar el puente románico de San Juan del Barrio de las Tenerías de la capital ribereña como Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde el PSOE arandino consideramos que la relación de los habitantes de la villa con los puentes es ancestral pues son tres los ríos que atraviesan y circundan su núcleo urbano, el Duero, el Arandilla y el Bañuelos, dotando a Aranda de un gran patrimonio natural y arquitectónico.

Entre estos elementos arquitectónicos destaca un puente medieval, conocido popularmente como romano, que cruza el río Bañuelos. Los sillares, con su único arco visible, enmarca una de las mejores y más bellas postales de la localidad.

Es el más antiguo de todos los que tiene Aranda para comunicar sus riberas. Es, sin duda, el más pintoresco de la ciudad, el más visitado por los turistas y, para algunos, el más bonito debido en parte a su entorno.

Está situado junto a ‘El Barriles’, popular parque del río Bañuelos acotado para aves acuáticas, y la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XIV-XV, y declarada Monumento Nacional en 1982, donde se ubica el Museo de Arte Sacro y que junto a Santa María la Real albergó Las Edades del Hombre en 2014.

Cruza el río Bañuelos, afluente del Duero en el que vierte sus aguas en dirección a la nueva pasarela metálica roja que da paso a la orilla que conduce al sendero de largo recorrido GR-14.

El que popularmente se denomina Puente Romano, y que más apropiadamente deberíamos llamar Puente Románico, fue construído hacia el siglo III de nuestra era, dentro del Plan de Calzada Romana iniciada en Colonia Clunia Sulpicia y finalizada en Plentia (Palencia). La rápida decadencia del Imperio Romano en esta zona y la seguida dominación visigótica alternante casi hizo desaparecer Aratsa-Aranda como núcleo poblacional de importancia y con ello el abandono y posterior destrucción del puente.

Tal vez se reconstruyó en torno al siglo XIII, por supuesto en el estilo constructivo de la época; el Románico, que hoy orgullosamente contemplamos, transitamos y ofrecemos a nuestros visitantes.

Una auténtica joya para Aranda dentro de un marco natural absolutamente provilegiado que tenemos que preservar a toda costa. De ahí nuestra solicitud del reconocimiento de su declaración como Bien de Interés Cultural.

Urgimos la búsqueda de una solución satisfactoria para la piscina cubierta

Desde el Grupo Municipal Socialista de Aranda de Duero confiamos en que se trabaje de forma decidida y sin ambages en la búsqueda de una solución satisfactoria para el problema surgido en relación con la piscina cubierta de la capital ribereña.

Tras el anuncio de la empresa adjudicataria renunciando a prorrogar el contrato que termina el próximo mes de junio, desde el PSOE de Aranda pedimos al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos su compromiso con la continuidad del servicio.

La piscina municipal cubierta no es una instalación municipal más

.- Es la instalación deportiva con mayor amplitud horaria de la capital ribereña, lo que facilita la práctica deportiva en horarios en los que otras instalaciones permanecen cerradas

.- La natación, por ser a cubierto, permite la práctica durante todo el invierno

.- Es, además, donde nuestros pequeños aprenden a nadar y evitar así peligros de accidentes en medios acuáticos

.- Cumple una importante función terapéutica en la recuperación de lesiones y ayuda a mejorar otras patologías crónicas, como por ejemplo dolores de espalda

Que el Ayuntamiento guarde silencio ante la alarma existente entre la población, unido a la opacidad del concejal de Deportes, nos hace temer lo peor para el futuro de estas instalaciones.

La piscina cubierta y el servicio prestado han sido motivo de quejas de ciudadanos y colectivos que hemos trasladado reiteradamente a la Concejalía, que siempre se ha escudado para no hacer nada en que la instalación requiere una inversión para modernizar sus instalaciones y que, además, la empresa concesionaria no quería continuar.

Han pasado los años sin hacer absolutamente nada y ahora que termina el plazo de la concesión es el momento de que el Ayuntamiento muestre el proyecto que tiene para el futuro de la instalación.

Por supuesto, los concejales socialistas estamos abiertos a colaborar con el equipo de gobierno para buscar lo mejor para el futuro de las instalaciones pero necesitamos que se ponga a trabajar sobre el tema y cuente con la oposición en la búsqueda de alternativas.

Queda un muy corto plazo de tiempo, por lo que hay que trabajar de forma decidida en la búsqueda de una solución satisfactoria para el Ayuntamiento y los usuarios de la piscina cubierta.