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El PSOE de Aranda exige de nuevo soluciones que garanticen el futuro de la Piscina Cubierta

Hace dos meses el Grupo Municipal Socialista planteó al Ayuntamiento de Aranda la necesidad de actuaciones urgentes ante el anuncio por parte de la empresa adjudicataria de la piscina cubierta de que renunciaba a prorrogar el contrato de gestión de la misma, que termina este mes de junio.

Nos preocupa enormemente la inacción y desidia del ayuntamiento, que sigue guardando silencio a pesar de la alarma existente entre la población. Esto, unido a la opacidad del concejal de Deportes, nos hace temer lo peor para el futuro de la piscina cubierta.  Por ello  exigimos al equipo de gobierno que muestre su compromiso con la continuidad del servicio.
Queremos que el ayuntamiento saque a licitación de manera urgente un nuevo pliego que contemple tanto la explotación de las instalaciones, como la ejecución de las mejoras y reformas que son necesarias.
Las obras se tienen que realizar durante el cierre estival de las instalaciones (en fases si es necesario), para no perjudicar el normal funcionamiento y disfrute por parte de los usuarios habituales.
En tanto no se resuelva la licitación, el ayuntamiento debe hacer valer el derecho que le otorga el contrato vigente para exigir a la actual adjudicataria que continúe prestando el servicio.
De ningún modo debemos permitir que las instalaciones se cierren para acometer unas supuestas mejoras para las que no existe proyecto, ni dotación presupuestaria, ni mucho menos licitación a la vista.
Por supuesto estamos abiertos a colaborar con el equipo de gobierno para buscar lo mejor para el futuro de las instalaciones, y contarán con nuestro apoyo para asegurar la continuidad de este servicio tan necesario como demandado.
No podemos permitirnos esperar sin más el cierre de las instalaciones y debemos apostar por su mantenimiento y mejora.

Briones acusa a PP y Ciudadanos de condenar al aislamiento y a la desaparición a Brazacorta

Han votado en contra de que la Junta financie el arreglo del camino que une esta localidad con Coruña del Conde

El procurador socialista por Burgos Luis Briones ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de condenar al aislamiento y a la desaparición a Brazacorta, localidad de 60 habitantes, al rechazar destinar una partida económica en los presupuestos de la Junta para el arreglo y asfaltado del camino de concentración de 6 kilómetros de longitud que la conecta con Coruña del Conde.

Según ha expuesto, esta intervención ahorraría a sus habitantes el “rodeo” de 24 kilómetros que han de recorrer en la actualidad para salvar la distancia que les separan de Coruña del Conde por las carreteras autonómicas BU-934 y BU-925, para poder llegar hasta Huerta del Rey, a unos 32 kilómetros, en donde tienen centralizados buena parte de sus servicios esenciales.

PP y Cs han votado en la Comisión de Presidencia de las Cortes en contra de la Proposición no de Ley del PSOE, que recogía la demanda del Ayuntamiento de Brazacorta y de los vecinos de la zona a la Administración autonómica y a la Diputación desde hace más de una década. En este punto, la Administración provincial siempre se ha remitido a la autonómica, según ha explicado el socialista.

Con el argumento de que los vecinos tienen como alternativa “segura” carreteras de la red regional, los socios de Gobierno autonómico han tumbado la propuesta en un ejercicio de “absoluta negligencia”, según Briones, quien les ha reprochado el mal estado del firme de la BU-934 y que “están negando recursos a quienes más los necesitan”.

“Los vecinos de Brazacorta prefieren utilizar el camino de concentración, no solo por ahorrarse tiempo, sino también porque está en mejor estado que la carretera autonómica”, ha contestado a los representates del PP y de Cs y les ha reprochado su “desconocimiento” de la situación. En el mismo sentido, ha afeado la ausencia de los procuradores por Burgos de los partidos que han votado en contra de esta inicativa en la comisión y les acusa de “no haber querido dar la cara”.

En su defensa del rechazo a esta proposición, los representantes del Partido Popular y Ciudadanos han insistido en que el vial objeto de petición de mejora no cumple la funcionalidad de las carreteras de titularidad autonómica, porque sería de accesibilidad local. Argumento al que Briones ha contestado con la imposibilidad que ha encontrado para acceder a los expedientes de las labores de asfaltado que dice, se han producido “de un día para otro en caminos de acceso a fincas vitivinícolas porque venían representantes de la Unión Europea”.

Mejora de infraestructuras contra la despoblación

El procurador socialista ha lamentado el rechazo de esta PNL que, de aprobarse, beneficiaría también a los residentes en Arandilla. Si la petición se eleva a la Administración autonómica, es porque “hablamos de entidades de pequeño tamaño, que carecen de los recursos suficientes para asumir el coste de la intervención”.

“No basta con decir que los pueblos se mueren, hay que analizar las verdaderas causas, y ésta es una de ellas, junto a los servicios sanitarios, servicios sociales y el empleo, las infraestructuras y, en este caso, sus carreteras, que son factores determinantes para que muchas personas se queden o se vayan de los pequeños núcleos de población rural”, ha subrayado el procurador en su intervención.

El delegado del Gobierno, “sorprendido y extrañado” con las declaraciones del Partido Popular de Burgos sobre la A-11, que califica de “fake news”

Javier Izquierdo desmiente que la declaración de impacto ambiental de un tramo de la autovía haya caducado, puesto que está en vigor hasta octubre de 2021

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, se muestra “sorprendido y extrañado” ante las declaraciones del Partido Popular en la provincia de Burgos que hoy publican algunos medios de comunicación sobre la supuesta caducidad de la declaración de impacto ambiental del proyecto de la autovía A-11 en el tramo comprendido entre Castrillo De la Vega (Burgos) y el límite de la provincia de Valladolid.

Izquierdo, que califica de “fake news” esa afirmación del senador popular por Burgos, Javier Lacalle, señala que esa declaración de impacto ambiental “está perfectamente en vigor”, puesto que se publicó el 16 de octubre de 2017 en el BOE, con un plazo de vigencia de cuatro años, es decir, que seguirá en vigor hasta el 16 de octubre de 2021, con posibilidad de prórroga por dos años más, hasta 2023.

En su opinión, ese es un plazo suficiente para que continúe el impulso que se le está dando a esta infraestructura desde el Gobierno de España, y sólo se explica esas declaraciones, con el objetivo de alarmar en base a informaciones que considera “fake news” y que no responden en absoluto a la realidad.

Retiren el decreto sobre las prestaciones del personal de Sanidad

En el Grupo Municipal Socialista de Aranda de Duero consideramos que el Decreto 2/2020 del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León es el mayor abuso jamás cometido a los trabajadores de la salud.

Por eso, hemos presentado una moción al pleno del Ayuntamiento de la capital ribereña solicitando que se inste al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su retirada inmediata.

En su escrito, el PSOE de Aranda denuncia que los que ayer llamaban gigantes a los trabajadores de la sanidad, los que les aseguraron agradecimiento y reconocimiento eterno, hoy les someten a la indefensión, recortando derechos laborales a golpe de decreto.

Una medida, a su juicio, innecesaria dada la disponibilidad que los sanitarios han puesto a disposición de las gerencias durante toda la pandemia.

Asimismo, censura la farsa de negociación que la Consejería de Sanidad ha planteado a los trabajadores después de la publicación del decreto el 14 de noviembre. «Nos parece una falta de respeto y una tomadura de pelo», subraya.

Para el Grupo Municipal Socialista, no puede tolerarse esta pantomima de negociación, considerando que han despreciado e ignorado a los trabajadores de la Salud, que durante la pandemia y de manera voluntaria han renunciado, incluso posponiendo sus derechos laborales, a las demandas hechas desde las Gerencias.

Por todo ello, instan a la Junta a que retire el citado decreto 2/2020

 

¿Por qué no un Debate sobre el Estado de la Villa?

Se suceden a lo largo del año. Vemos como el Congreso de los Diputados celebra un Debate sobre el Estado de la Nación en el que se toma el pulso al país. También el parlamento regional, las Cortes de Castilla y León dedican un pleno a analizar la situación de la comunidad. Incluso municipios cercanos, como Burgos, juntan a sus munícipes una vez al año para debatir sobre cómo se encuentra la ciudad, que gestión se está realizando, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, qué objetivos se están cubriendo…

Por ello, desde la Agrupación Local del PSOE de Aranda de Duero reclamamos la celebración de un pleno monográfico sobre el estado de la Villa. Una sesión monográfica que permitirá abordar la situación general que atraviesa la localidad, el trabajo realizado por todas las concejalías, los proyectos pendientes de desarrollar, las iniciativas en las que es necesario incidir más…

«Entendemos que nunca ha estado peor esta ciudad. Estamos reuniéndonos con diferentes colectivos y todo lo que nos demandan es el día a día. Nadie nos pide obras faraónicas ni grandes inversiones. Nos dicen que las aceras están mal, la limpieza brilla por su ausencia, los parques y jardines están peor que nunca vergonzosamente… Podríamos ponernos con cada uno de ellos y decir qué no está haciendo cada una de las concejalías. Tardaríamos menos en decir qué están haciendo, que es nada», destaca Ildefonso Sanz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aranda.

Desde PSOE de Aranda pedimos la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Aranda de Duero para se contemple la celebración de este Pleno.

Aclaramos, además, que en ningún caso supondrá un coste para las arcas municipales. El reglamento de funcionamiento interno contempla que los concejales cobrarán, como máximo, cinco asistencias, a comisiones informativas o a plenos; seís si se es miembro del equipo de gobierno o portavoz de los grupos municipales. Esta sesión sería una más de las que se celebran y cobran, que todos los meses son más de las 5/6 autorizadas.